Mi respuesta corta, atendiendo a lo que afirman los principales organismos e índices internacionales independientes, sería no:
La democracia en España no está en peligro inminente de desaparecer, pero sí afronta tensiones y desafíos significativos en cuanto a su calidad e institucionalidad.
Cosa bien distinta es la percepción de los ciudadanos (este es el famoso «pero» que no puede ni debe faltar). Porque esta cuestión se parece mucho a la de los indicadores económicos. Mientras se afirma que todo va «viento en popa y a toda vela» la cesta de la compra, cada vez pesa menos y cuesta más, y llegar a fin de mes es para una gran mayoría un alarde de imaginación y esfuerzo.
1. La perspectiva institucional e internacional: Democracia plena.
Busco información entre los principales indicadores globales que miden el estado de las democracias y observo que sitúan a España en el bloque de las democracias plenas o liberales:
The Economist (Democracy Index): Clasifica a España como una democracia plena, situándose habitualmente en torno al puesto 22 global.
V-Dem Institute (Varieties of Democracy): Incluye a España en el grupo de las democracias liberales con altos estándares de derechos políticos y electorales.
Freedom House: Otorga a España puntuaciones elevadas (alrededor de 91/100) en derechos políticos y libertades civiles.
Desde esta perspectiva, las instituciones del Estado de derecho con sus elecciones libres y transparentes, alternancia en el poder, libertades públicas y separación de poderes ofrecen sin duda la imagen de que continúan operando de forma efectiva y sólida. Pero no nos engañemos, más allá de los análisis del mundo experto, hay una realidad incuestionable:
Que el peor peligro para una democracia consolidada es que su ciudadanía la perciba en peligro.
2. Los principales focos de tensión y debate público.
Aunque las bases democráticas son sólidas, existen varios factores de preocupación señalados por analistas, juristas y la ciudadanía:
♦Polarización política: El clima de confrontación acentuado en el Parlamento y en el debate público dificulta los grandes consensos de Estado y desgasta la confianza ciudadana en la clase política.
♦Politización de la justicia e instituciones: Los bloqueos y discusiones partidistas en la renovación de órganos constitucionales (como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional) generan dudas (¿dudas o certezas?) sobre la independencia institucional.
♦Percepción de la corrupción: Informes como el de Transparencia Internacional reflejan un estancamiento o un leve retroceso en la percepción ciudadana sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción institucional.
♦Desinformación y calidad del debate: La fragmentación mediática y el auge de la desinformación en redes sociales afectan a la convivencia cívica y al juicio informado de los electores.
En resumen:
España experimenta síntomas de fatiga y erosión en la calidad del debate político compartidos por muchas democracias occidentales contemporáneas, pero sus estructuras institucionales y constitucionales mantienen un nivel de salud y resiliencia elevado. Pero recordemos aquella sabiduría popular que dice:
Mal de muchos, consuelo de tontos.
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